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PATRICIA MOLINA: PROPOSICION SOLICITAR AL ALCALDE ARMITAGE ESTUDIAR LA POSIBILIDAD SUSPENDER DESALOJO DEL JARILLÓN PDF Imprimir Correo electrónico

Escrito por Oficina de Prensa, Concejala Patricia Molina Beltrán   
Viernes 21 de Octubre de 2016 18:47


PROPOSICION

La Corte Constitucional cuenta con amplia jurisprudencia en materia de restitución de bienes de uso público ocupados con viviendas de personas vulnerables y en muchos de estos casos con unidades productivas de los cuales depende su mínimo vital. Se puede citar entre otras: 

1.      Sentencia T-314/12

“…

PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA EN MATERIA DE ESPACIO PUBLICO-Alcance/PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA-Reubicación de desalojados en espacio público

La Corte ha señalado que el deber de protección de los bienes de uso público a cargo de las autoridades, no las autoriza para desconocer el principio de confianza legítima sustentado en la buena fe de los ciudadanos,  quienes a falta de espacios apropiados para el desempeño de un trabajo o la necesidad de una vivienda digna, se ven obligados a ocupar de hecho tales áreas. Además, también ha indicado que los derechos de estas personas no pueden desconocerse aun cuando la administración tenga la obligación legal de proceder a recuperar esos espacios, sino que deben procurar ofrecer alternativas de solución que garanticen sus derechos constitucionales fundamentales.”

2.      Sentencia T-437/12

“…

5. Espacio Público. Reiteración.

5.3. En conclusión, es deber del Estado velar por la preservación del espacio público. Sin embargo, las medidas que se tomen para la protección del mismo, no deben ser desproporcionadas frente a la afectación de los intereses de terceros, al punto que estos no tengan posibilidad alguna de sustento. Así, la Administración tiene el deber de desarrollar políticas encaminadas a la preservación del interés general que minimicen el daño que puede sufrir la población afectada. Dichas medidas deben ser razonables, no deben ser infundadas o arbitrarias y, por el contrario deben ser proporcionadas respecto de los fines que las motiven. 

3.      Sentencia T-231/14

“ … 

En varias oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que la posibilidad de recuperar el espacio público no exime a las autoridades públicas del deber que tienen de diseñar políticas tendientes a proteger el trabajo de quienes resultaron afectados con los actos administrativos emitidos por ellos y dependen de la actividad informal que realizan. Así, una vez la administración inicia la ejecución de planes de recuperación del espacio público y desaloja a los comerciantes informales que desarrollan actividades económicas en una zona específica, las autoridades tendrán que hacer todo lo que esté a su alcance para reubicarlos en sitios donde puedan desarrollar su actividad de manera permanente y sin causar perjuicios a la comunidad, o darles la oportunidad para que emprendan nuevas actividades que les permitan asegurar su mínimo vital.

EJECUCION DE POLITICAS PUBLICAS DE RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO-No puede afectar derecho fundamental al mínimo vital a sectores más pobres y vulnerables de la población como vendedores ambulantes

La jurisprudencia constitucional, ante la implementación de políticas de recuperación del espacio público, ha reconocido la importancia de proteger los derechos de los trabajadores informales que desempeñan su trabajo en el espacio público, debido a que usualmente hacen parte de un grupo poblacional que se encuentra en una condición de debilidad la cual se centra en su precariedad económica. En consecuencia, toda política encaminada a la recuperación del espacio público debe adelantarse de manera tal que no lesione desproporcionadamente el derecho al mínimo vital de la población más pobre y vulnerable, ni de manera tal que se prive a quienes no cuentan con oportunidades económicas en el sector formal de los únicos medios lícitos de subsistencia que tienen a su disposición.”

Considerando la problemática que se vive en el Jarillón del Rio Cauca donde la administración Municipal adelanta restitución contra familias que pertenecen a la zona rural y cuentan con unidades productivas establecidas hace varias décadas en el sector quienes denuncian vulneración de sus derechos y con la finalidad de salvaguardar estos derechos conforme lo ordena la Constitución que incorpora jurisprudencia al respecto, proponemos se solicite comedidamente al Alcalde de Santiago de Cali, señor Norman Maurice Armitage Cadavid, estudie la posibilidad de suspender el proceso de desalojo hasta tanto se realice la verificación completa sobre la garantía de derechos a los habitantes objeto de restitución.

Firman, 

 

PATRICIA MOLINA BELTRAN                       FERNANDO ALBERTO TAMAYO

Concejal de Cali                                                   Concejal de Cali

Última actualización el Domingo 23 de Octubre de 2016 18:56
 
 

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